Por Alejandro Jurado y Pablo Schamber
En Argentina, la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) es una competencia de los municipios y comunas. La generación promedio es estimada en 1 kg per cápita por día de residuos domiciliarios, dependiendo del metabolismo urbano y las condiciones socio económicas de cada localidad. La proporción de residuos reciclables o recuperables rondaría el 20% mientras que los materiales orgánicos superarían el 50%. En general, los municipios y comunas cobran a los ciudadanos una tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) que no alcanza a cubrir los costos que requiere una gestión integral de residuos sólidos urbanos. Se invierten entre 15 y el 25% del presupuesto en la recolección común (todos los materiales mezclados) y su disposición final en más de 2.000 localidades (de un total de 2.350) se realiza en basurales a cielo abierto, con el impacto ambiental y social negativo que implica esta práctica.
En el marco de la crisis ecológica, climática, social y de stock de recursos, los residuos han empezado a considerarse como insumos para nuevos procesos productivos y para la regeneración de recursos.
La visión del sistema económico lineal tradicional, donde los recursos naturales se extraen, se transforman en materiales y productos y finalmente se eliminan en procesos de incineración, enterramiento controlado o dispuestos en basurales a cielo abierto, está siendo reemplazada por la visión de una economía circular, que propone una bioeconomía ajustada a los límites de la naturaleza, que promueva la circulación de los materiales, el agua y la energía, a través del compostaje, la reparación, el reciclaje, la reutilización o la remanufactura, alargando así el ciclo de vida de los productos e incluyendo materiales reciclados entre sus componentes (ecodiseño).
En nuestro país, la economía circular vinculada al reciclaje tiene una fuerte impronta social, ya que una gran parte de los materiales que se recuperan se realiza a partir del trabajo de miles de recuperadores urbanos, que en general desarrollan su labor en condiciones laborales precarias y sin el reconocimiento del servicio que prestan como de utilidad pública o interés colectivo.
Antes de la pandemia del coronavirus (durante el año 2019) se realizó un relevamiento del estado de situación de la gestión local del reciclaje en Argentina, a través del equipo técnico de la empresa La Ciudad Posible y asistencia técnica del CONICET, por encargo de la Asociación Compromiso Empresario para el Reciclaje (Cempre). Para ese estudio se seleccionaron localidades de más de 8.000 habitantes de la Argentina (666 de un total de 2.345, conforme a los datos poblacionales del INDEC 2010) y se obtuvo información relativa a ciertos aspectos del manejo de los RSU. En nuestro país la gestión integral de los RSU se rige por la Ley 25.916/04, la que fundamentalmente establece que la misma debe prevenir la generación de residuos, alentar la separación y clasificación de los mismos, instaurar sistemas de recolección selectiva acorde a los criterios de clasificación divulgados, buscar la valorización y la reutilización a través de diferentes procedimientos, y finalmente disponer adecuadamente los residuos no valorizables.
En relación a los resultados preliminares del estudio, que alcanzó a relevar el 57% (381 casos) del universo seleccionado, se pudo encontrar que la recolección diferenciada de residuos reciclables puerta a puerta tiene algún grado de desarrollo (diferenciado por nivel de cobertura y frecuencias) en el 19% de las localidades relevadas, mientras que sólo un 9% de las localidades disponen de un sistema público de recolección diferenciada en grandes generadores y el 16% dispone de puntos limpios, ecopuntos o puntos verdes.
En cuanto a la disponibilidad de plantas de clasificación, el 33% de las localidades relevadas cuentan con estas infraestructuras. Y por último, en relación al acceso a una disposición final de residuos en forma adecuada en rellenos sanitarios, los resultados se situaron en torno al 23% de las localidades.
Es fácil advertir que la promoción del reciclaje excede los alcances de la gestión local. Reactivar e incentivar la industria del reciclaje mejorando su competitividad territorial debería ser un objetivo de la política nacional de economía circular. Se estima (no hay datos oficiales) que del total de materiales potencialmente reciclables incorporados al mercado se recupera un 47% de cartón y papel, un 13 % de envases de larga vida, un 20% de plásticos PET y un 20% de vidrio. Es decir, hay márgenes por recorrer.
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